Celos territoriales: No me puedo callar

Unas últimas declaraciones recogidas en los medios de comunicación (en línea o insistiendo ratificando otras anteriores), me hacen intervenir en una polémica respecto a la que no me puedo mantener en silencio: “Entidades institucionales y privadas de Gipuzkoa Leer más

Fraudes fiscales: Pesadamente reiterativos

Fraudes fiscales, cajas registradoras, hostelería

No es la primera vez que nos referimos a este tema ante las declaraciones que representantes de Hacienda cada año hacen sobre estas fechas (declaración del IRPF). Unas opiniones al respecto:

  1. En mayo vuelve Hacienda como todos los años (como en diciembre se vuelve a casa por navidad); y en mayo se nos comunica con profusión de comparecencias institucionales cómo se administran nuestros impuestos al tiempo que se nos informa sobre objetivos de persecución del fraude (aspectos loables si no fuera por ser especialmente reiterativos).
  1. Nada que decir contra el fraude, ni se nos debería preguntar.
  1. No desconocemos la existencia de registradoras avanzadas, pero probablemente no las tengan más que del 3 al 5% del sector: El resto, registradoras de supervivencia.
  1. El hecho de que existan registradoras con tecnología capaz de ser usada fraudulentamente, no tiene que significar que se esté utilizando para tal fin; pero de hacerlo, el número de empresas, como se ha indicado, es reducido.
  1. En todo caso, esa hipotética conexión TPV – Hacienda Foral, requiere de una tecnología complementaria y de su instalación, algo que no creemos que es inmediato.
  1. Nos imaginamos que esa tecnología se aplicará al comercio, a taxistas, a despachos, por supuesto a hostelería, y sin duda a todos esos cientos de ventas irregulares que se producen en la vía pública sin el más mínimo control de facturación… Y qué decir de esos extraordinarios servicios hosteleros -también irregulares- que en decenas de municipios y en cientos de actos se ejercen en la vía pública con autorización municipal. Estamos deseando ver la tecnología de nuestra Hacienda al servicio de estos controles para la mejor/mayor recaudación.
  1. El fraude se puede combatir con una justicia distributiva y una actitud ejemplarizante, aunque quizás esto sea más caro que el poner un dispositivo en una máquina registradora; además requiere de voluntad y esfuerzo.
  1. En la comercialización y en la prestación de servicios, no podemos negar que en algún caso puede existir una alteración de las cifras de ventas o de los resultados: si un empresario es incapaz -en muchas ocasiones- de detectar sustracciones de caja, resulta evidente que (de la misma forma) puede actuar él dependiendo de sus convicciones y responsabilidad. Puede modificar las ventas, puede alterar compras o gastos, puede…; lo importante es que desde las instituciones se hagan unas acciones didácticas (más que sancionadoras) y, desde luego, que el entorno institucional ofrezca siempre una actitud ejemplarizante. No será un método perfecto pero sin duda  se avanzaría cara a la co-rresponsabilidad del ciudadano con su Hacienda.
  1. La exigencia de ticket, la exigencia de registro de ventas, la incorporación de nuevas tecnologías, pueden suponer un mejor control; desde luego, el difundir estas posiciones conlleva un importante eco mediático.  Sólo hay que ver los medios escritos, los programas audiovisuales, cómo se preocupan ante un anuncio de estas características; Pero que no se olvide, no es nada nuevo y cada año reiterativo. No molesta el que se vigile el fraude, lo que quizás pueda molestar, además de otras cuestiones, es que se señale hacia los mismos.
  1. Una última cuestión colateral a este tema: Tenemos la confianza en que los políticos encargados de la Comisión de Vigilancia de Fraude, tras elevar sus conclusiones, se dediquen inmediatamente -creando la comisión ad hoc- a analizar la situación discriminatoria del trabajador autónomo. Su diferenciación de derechos respecto al asalariado, por supuesto con la misma cotización o los coeficientes fiscales de reducción de rendimientos que habría que aplicar en función a jornadas interminables de trabajo (que a veces son el doble que las que tienen ciertos colectivos de empresa pública o vinculados al entorno institucional); también podrían valorar qué coeficiente reductor (sobre la tributación) hay que aplicarlos por ser autosuficientes, incluso por obtener los rendimientos -cuya tributación rigurosa se exige- con ayuda de familiares  directos a los que (además) se exige que tributen como autónomos colaboradores. Esperemos que esto lo hagan por caridad hacia los administrados que están perdiendo la esperanza de verlo, como otros anteriormente hemos perdido la fe.

                                                                                     Ángel.T Gago,

                                                                                                              Secretario General Ejecutivo

Dislates institucionales nada ejemplarizantes

Hay ocasiones en las que resulta difícil juzgar el sentido común de las normas que se tramitan (y aprueban) en el entorno institucional: el problema no es tanto la voluntad del legislador, que en ocasiones puede ser loable, como el hecho de que la normativa final aprobada resulta más que cuestionable.

Se acaban de publicar dos leyes que afectan directamente al consumo de alcohol y tabaco (y a los menores de edad), a las que los medios de comunicación han hecho constante referencia en su aplicación a centros deportivos: los hechos han demostrado que una ley, quizás con objetivos comprensibles, finalmente se aprueba sin valorar todas las demás consecuencias tan comprensibles como esos objetivos.

Existen decenas de muy pequeñas explotaciones hosteleras en centros públicos y privados, que se engloban en la expresión “recintos deportivos”, y que son pequeñas actividades que en ocasiones se han adquirido mediante concurso fijando un canon o contraprestación con criterios basados en el desarrollo de un servicio de hostelería de alimentación y/o bebidas con o sin alcohol: de repente nuestros legisladores introducen una modificación sustancial y los demás a padecer las consecuencias. ¡Qué bravura!

Tienen toda esa bravura que no han demostrado cuando han regulado esta normativa para txokos a los que de alguna forma dejan excluidos ¡dios sabe! con qué etérea argumentación. Aquí alguno puede hacer referencia a que son centros privados donde uno voluntariamente pertenece: ¡perfecto! ¿Y no tendría la misma consideración un Café-Bar de un autónomo sin asalariados y con un cartel de acceso que diga que en ese lugar – de acceso voluntario – está permitido fumar? ¿Cuál es la diferencia?

Bravura es lo que les falta para adoptar actitudes ejemplares: vivimos en un País en el que el alcohol aparece en cualquier acto festivo en la vía pública… y sólo se acuerdan de legislar para recintos cerrados. Vivimos en un país en el que se acaba de prohibir la presencia de menores de 16 años en establecimientos cerrados por el simple hecho de que se vendan (no que consuman) bebidas alcohólicas, exigiendo que esa presencia solo pueda hacerla un menor acompañado hasta las 10 de la noche: ¡perfecto!. Ahora solo falta que justifiquen por qué en espacios abiertos el menor va a poder estar rodeado de alcohol (Ej.: en txoznas, instalaciones eventuales, txupinazos, actos de todo tipo…) o que justifiquen por qué se tramitan iniciativas para poner a su disposición lonjas donde puedan hacer y deshacer lo que no está escrito, porque sería difícil reconocerlo…

Y mientras ese es nuestro entorno, nuestros legisladores se preocupan de nuestros pequeños recintos perfectamente controlados. ¡País!

Ángel T. Gago

Secretario General Ejecutivo

Los incidentes del día a día

En nuestro permanente contacto con los afiliados, se producen (por parte de las empresas) dos tipos de situaciones dentro de lo que podríamos encuadrar como “incidentes” en su día a día empresarial, y vamos a hacer referencia a algunos de los aspectos más relevantes:

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Guerra de sanciones

Recientemente, un medio de comunicación recogía la noticia de unas quejas de hosteleros de una céntrica zona de Bilbao en la que se mezclan diferentes situaciones, que al ser tratadas conjuntamente pueden inducir a confusión.

En dicho artículo se hace referencia a la denuncia, por parte de varios hosteleros, de la diferente “vara de medir” del Ayuntamiento y la Policía Municipal a la hora de sancionar a establecimientos hosteleros tradicionales o a las personas que se arremolinan en las inmediaciones de los bares generando que las calles se conviertan en un “foco ingente de deshechos y ruidos insoportables”.

Explica la situación de los titulares de negocios emplazados en las céntricas calles de Pozas, Doctor Areilza y Alameda Urquijo que reclaman  que “a los que cumplimos las leyes nos están machacando a multas por rebasar a veces de forma muy ligera el horario de cierre a fin de que los clientes puedan tomarse tranquilamente la última copa, y en cambio no les molesta que haya gente montando gresca fuera”

Desde el sentido común y la percepción social, creemos que no favorece nada al sector hostelero mezclar en un mismo artículo el que a un establecimiento se le sancione por incumplimiento del horario, o incumplimiento de aforo, con que a otros se les permita actuar bajo conductas incívicas: difícilmente existirán capas sociales que justifiquen el incumplimiento de normas, ni que esos incumplimientos intenten relacionarse con otras situaciones anormales, que en ocasiones son mucho peores.

Es legítimo que todos reclamemos que la calle no se convierta en un estercolero y en un botellón que causa tantos problemas a vecinos y hosteleros, pero esto no está reñido con el cumplimiento por parte del sector hostelero de las normas básicas de horario y aforo.

Creemos conveniente resaltar que el aforo nace en virtud de normas básicas de edificación y protección de incendios que son de ámbito estatal, cuya modificación  no es competencia del Ayuntamiento: podrá aplicar esta norma con una mayor o menor tolerancia, pero no modificarla.

Vemos legítimo que en la medida que un establecimiento no cumpla una normativa se le sancione, pero con la misma contundencia reclamamos que se sancione a aquellos que incumplen otro tipo de leyes de convivencia, como la ley que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en el exterior.